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PrÓLOGO

Pedro Salazar Ugarte*

Esta tercera edición de la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México tiene tres características que la hacen especial:

  1. En primer lugar, al constituir el tercer ejercicio estadístico orientado a medir la cultura constitucional en México, ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes, opiniones y percepciones de los mexicanos y mexicanas sobre cuestiones constitucionales a lo largo de más de una década (2003-2011-2016). Este hecho permite hacer comparaciones, realizar valoraciones e imaginar líneas de reflexión e investigación. Eso es posible porque ahora tenemos un conocimiento sobre un aspecto clave de la cultura mexicana que ignorábamos hasta hace muy poco tiempo.

  2. En segundo lugar, la encuesta es especial porque incluye preguntas que no se habían realizado con anterioridad. Esto permite captar la opinión de los mexicanos sobre algunos temas con relevancia constitucional que han ganado importancia en la vida pública mexicana con el paso de los años. Tal es el caso, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo que, con fundamento principal en el derecho a la no discriminación contenido en el artículo 1o. constitucional, ha sido reconocido en todo el país por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El tema ha generado un intenso debate en la opinión pública durante 2016 —sobre todo a partir de una iniciativa presidencial para reformar la constitución en el sentido decretado por la SCJN que fue rechazada por el Poder Legislativo— y ha provocado diversas manifestaciones a favor y en contra.

    Por lo mismo es interesante saber que 62.2% de los mexicanos piensa que las personas homosexuales deben tener los mismos derechos que las demás personas, y que 24.3% piensa que no. También es relevante conocer que 51.8% está a favor de introducir en la Constitución el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio, frente a 33.8% que piensa lo contrario. Lo mismo vale para el dato de que 31.4% de los mexicanos están de acuerdo o muy de acuerdo con que las autoridades religiosas opinen sobre estos temas, mientras que 40.8% están en desacuerdo o muy en desacuerdo. En este caso, la opinión recabada también nos indica la importancia del principio de la laicidad (contenido expresamente en el artículo 40 constitucional desde 2012, pero presente en el texto de la Constitución desde 1917) en la cultura nacional. Hasta ahora, con esta información podemos entrever una actitud mayoritaria de apertura hacia este tema tan relevante, pero no vale lo mismo para la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. En ese caso, 50.8% de las personas piensa que no se debe constitucionalizar ese derecho —que, por cierto, es posible por los términos de las leyes correspondientes y fue reconocido por la jurisprudencia de la SCJN— y sólo 35.4% considera que sí se debería reconocer en la Constitución. En fin, valgan estos datos para evidenciar la riqueza de algunos de los temas contenidos en esta nueva edición de la encuesta.

  3. En tercera instancia, esta encuesta es única porque con ella celebramos el centenario de la Constitución de 1917. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consideramos que éste es un año obligado para publicar una edición conmemorativa que nos permita comprender qué piensan los mexicanos acerca de su Constitución en 2017. Muchas cosas han sucedido desde que la Constitución se aprobó en Querétaro por las que el país vive realidades políticas, económicas y sociales que eran entonces inimaginables. Los méritos o deméritos de esos cambios pueden valorarse con diversos raseros y han sido y seguirán siendo objeto de cavilaciones por parte de expertos en las más diversas disciplinas, pero lo que nos indican los datos de esta encuesta es que las personas están inconformes con el rumbo que sigue el país. Veamos de manera sucinta algunos datos que confirman esta afirmación.

    Mientras que en 2003 se identificó que 22% de las personas pensaba que la situación del país estaba mejor que el año precedente, en 2016 sólo 14.3% lo considera así. Se trata del sentir más pesimista de los años encuestados. De hecho, en 2003 sólo 42.8% sostenía que ese año había sido peor que el anterior, mientras en 2011 45.1% pensaba lo mismo, y ahora, cinco años después, 57.3% lo sostiene. Así las cosas, tenemos que el malestar nacional tiene tendencia creciente. Esto se acompaña con un pesimismo que aumenta. Hace 14 años 36.4% pensaba que la situación del país empeoraría; ahora lo piensa 47.7% de la población. De hecho, cada vez son más quienes creen que la situación en México se torna “peligrosa” (16.3% en 2003, 24% en 2011 y 29.1% ahora). Por eso no extraña que 43.7% crea que el sentimiento que predomina en México sea el enojo, 38.5% el miedo y 29.5% la preocupación. De manera tajante y alarmante, 73.4% de los mexicanos considera que el país va por el rumbo equivocado.

    Así que 100 años después de aprobada la Constitución de 1917 —dato que, como podrá constatar el lector de la encuesta, muchos mexicanos ignoran— el ánimo colectivo no es bueno. Esto puede explicarse en parte porque, como algún día escuché decir a Alan Knight, “las personas siempre piensan que les ha tocado vivir en el peor momento de la historia”, pero también porque, genuinamente, hay temas que indignan y generan inquietud. Uno de ellos, que ha ganado protagonismo en los años previos al centenario, es el de la corrupción. Según nuestra encuesta ésta es la principal razón por la que la gente no confía en el gobierno, y 59.7% de los mexicanos y mexicanas no confía nada en los políticos.

    Los datos son los que son, y a nosotros sólo nos corresponde dar cuenta de ellos y, en su caso, intentar interpretarlos. Sin embargo, desde mi perspectiva, trazan una narrativa que no es evidente y que, contrario a lo que sostiene la mayoría de las personas, permite un cierto optimismo fundado en lo que Bobbio llamaría “realismo insatisfecho”. Si observamos con atención la encuesta, es posible constatar que algunas de las principales preocupaciones y temáticas complejas que han afectado y afectan a la sociedad mexicana han sido atendidas constitucionalmente.

    A través de las ingentes reformas de las que ha sido objeto, el instrumento constitucional ha servido para sortear crisis, enfrentar coyunturas complejas y transformar prácticas políticas, económicas y sociales. Esto puede constarse en diversas materias: elecciones, transparencia, protección no jurisdiccional de derechos humanos, justicia constitucional, telecomunicaciones, etc. Y el caso de la corrupción —que hoy tanto nos preocupa y que antes no figuraba entre los apuros nacionales— no ha sido la excepción. En mayo de 2015 se reformó la Constitución para sentar las bases de un Sistema Nacional Anticorrupción que, un año después y al calor de los reclamos y la indignación ciudadana, fue desarrollado en siete leyes secundarias y será puesto en marcha precisamente en el año del centenario.

Lo que pretendo argumentar es que la Constitución ha sido un instrumento jurídico para canalizar institucionalmente algunas cuestiones fundamentales para la modernización del Estado y de la sociedad mexicanos. Así que la insatisfacción y el descontento —legítimos y justificados— pueden ser acicates de cambios que van desde la llamada “norma suprema” hasta la realidad cotidiana. Y, de ser así, ésa es una buena nueva.

Ciertamente los cambios constitucionales tardan en surtir efectos y a veces suscitan expectativas que se frustran, pero también es verdad que el derecho sólo se justifica cuando se usa y es útil para dirimir conflictos, fomentar la convivencia pacífica y resolver con justicia los diferendos y las disputas entre las personas y entre éstas y el Estado. Desde esta perspectiva, si no me equivoco, la Constitución de 1917 y el constitucionalismo mexicano —a pesar de los pesares y de los ingentes pendientes del presente— están cabalmente justificados. Esta encuesta —aunque no sea su propósito— da cuenta de ello.



* Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.