Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia > Introducción

Introducción

René Alejandro Jiménez Ornelas *
Carlos Silva Forné **

La seguridad pública en México

Desde mediados de los años noventa y en particular en la última década, algunas modalidades del delito y la violencia, además de fenómenos asociados como la percepción de inseguridad o el temor a ser víctima de la delincuencia, se han convertido en preocupaciones importantes de la población mexicana. Dichas preocupaciones sociales se fueron trasladando a los espacios de la opinión pública y a la agenda política, donde ocupan actualmente uno de los lugares centrales. Los costos personales y sociales generados por el incremento de delitos en sus variantes más violentas fueron posicionando, bajo una nueva mirada crítica, a instituciones del Estado que durante mucho tiempo, a pesar de funcionar con serios problemas estructurales, estuvieron relativamente ajenas al escrutinio político y público: las instituciones policiales y de procuración de justicia penal.

Así surgieron nuevos discursos y conceptos que cuestionaron las formas tradicionales y dominantes de entender los problemas de seguridad, buscando modificar sus centros de gravedad y alcances. Uno de estos conceptos fue el de seguridad ciudadana,1 el cual buscaba tomar distancia del término más tradicional de seguridad pública. Mientras este último quedó más asociado al Estado y sus instituciones, el primero alude a las personas como el centro de las políticas de seguridad; es decir, se trata de un movimiento que va desde un modelo de estado céntrico hacia uno centrado en los ciudadanos (o en todos los habitantes).

Las diferencias principales entre ambos modelos de seguridad2 suelen resumirse en los siguientes rasgos; en tanto la seguridad pública es una función exclusiva del Estado, la seguridad ciudadana involucra a otros actores de la sociedad civil y a la población en general. En el primer caso, las personas son pasivas ante las políticas de Estado; en el segundo, son activos constructores de demandas, posibles soluciones y mecanismos de control y rendición de cuentas.

En México, el tema de seguridad se ha vuelto tan popular como hablar de su contraparte dicotómica, la inseguridad; ante la situación actual del país, la seguridad parece un anhelo y la inseguridad, una realidad. La seguridad, entonces, se vuelve preámbulo elemental de las discusiones en torno a la percepción de inseguridad, pues el sentido de pérdida afecta aún más a los mexicanos que los mismos hechos violentos.

La falta de seguridad y la violencia son una preocupación fundamental y cotidiana de cada habitante. En las últimas décadas, han aumentado de manera considerable los índices y las tasas de violencia en escala tanto mundial como nacional, lo que ha repercutido gravemente en la calidad de vida de los pobladores de diversos países. En el Índice de Paz Global 2014, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, se coloca a México en el número 138 de un total de 162 países analizados, cinco posiciones más abajo que en 2013. Esto ubica a la nación dentro del grupo de los estados con menores índices de desarrollo o que viven conflictos o serias crisis humanitarias, como Myanmar (lugar 136), Ruanda (lugar 137), Etiopía (lugar 139) o Ucrania (lugar 141). Además, lo sitúa como el segundo país menos pacífico del continente americano, apenas por debajo de Colombia que ocupa el lugar 150 (Índice de Paz, 2014).

Lo anterior es tan sólo un pequeño panorama del deterioro del país ocasionado por la violencia que lo recorre y que —está por demás decirlo— ha afectado todo el territorio y a las poblaciones que lo habitan o lo transitan, trazando coordenadas en donde se reproducen y recrudecen con facilidad escenas sanguinarias alarmantes por su grado de crueldad; ante éstas, las personas parecen ubicarse en el imaginario social, de una manera “normal” y común, como espectadores o actores de un fenómeno que no cesa y coadyuva a una realidad casi cotidiana; y no sólo eso, sino que sabotea la funcionalidad de la seguridad pública en el país.

Queremos situarnos en la búsqueda de la no repetición de eventos violentos que atentan contra los derechos de todas las personas, que tienen como principales responsables a bandas de la delincuencia organizada y que han significado la pérdida de una gran cantidad de vidas humanas; pero sin dejar de considerar, en un problema complejo, la participación de distintos actores sociales, políticos y de las fuerzas de seguridad que establecen nexos de complicidad o despliegan formas de violencia que también vulneran los derechos de la población y rompen con los principios propios de un estado democrático.

Inseguridad

La inseguridad pública es uno de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los últimos años. La ciudadanía lo ha convertido en el tema privilegiado, en el tema de temas. Por ello cada vez son más los ciudadanos y las empresas que demandan una acción más efectiva por parte de las autoridades para disminuir una actividad que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas.

La inseguridad como producto de la violencia es un proceso complejo, estructural y no provisional, cuya solución requiere una estrategia integral basada en tácticas de seguridad pública y en decisiones de política económica y social que realmente reconstruyan, en el largo plazo, el deteriorado tejido nacional; para ello es necesario elaborar políticas de Estado a partir de una sólida, estratégica y bien planeada seguridad pública, la cual garantice una economía estable para todos los ciudadanos, trabajo y antipobreza, ya que éstos son problemas estructurales (Piñeiro, 2013). Además, sería de esperar que esta estrategia integral recuperara el concepto perdido de seguridad ciudadana, mediante la legitimación y participación consciente de la población en las acciones del Estado y su continua evaluación.

Una coyuntura crítica de inseguridad, tal como ha sido descrita, suele acompañarse de distintos impulsos para realizar reformas y cambios en las políticas gubernamentales, en particular en los ámbitos estatales que se visualizan como los principales responsables de tal problemática. Sin embargo, la propia crisis, debido fundamentalmente a las presiones sociales para su resolución, se convierte en un obstáculo para efectuar modificaciones profundas que requieren plazos prolongados, así como también puede inhibir cambios con orientaciones u objetivos que algunos actores políticos y una parte de la población podrían considerar inadecuados para la situación de emergencia que se vive.

Los delitos violentos se han asociado a diversos factores; en particular, se ha resaltado la importancia que en estos hechos tiene no la pobreza sino la desigualdad, lo cual explicaría las altas incidencias de delitos graves en América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta (Fajnzylber et al., 2002). Otras perspectivas, en especial de algunas organizaciones de la sociedad civil, señalan la “pérdida de valores tradicionales” y la desintegración familiar como causas del aumento de la delincuencia, ya que al perderse el respeto a todo tipo de autoridad tanto en la familia como en la sociedad, se propicia la multiplicación de actos ilícitos. A su vez, hay quienes relacionan los problemas delictivos principalmente con el trabajo de las instituciones de seguridad pública, aduciendo sus problemas de corrupción e ineficacia; problemas que también se atribuyen al trabajo de las instituciones de procuración y administración de justicia y del sistema penitenciario.

En el contexto de una crisis de inseguridad paradójicamente podría perder respaldo aquella orientación que coloca como prioridad el respeto a los derechos humanos en la construcción de instituciones, políticas y prácticas de las policías y otras fuerzas de seguridad. Son varios los factores que pueden alinearse para favorecer posiciones opuestas al desarrollo de controles orientados al respeto de los derechos humanos, ya que desde su perspectiva, éstos erosionarían la eficacia del “combate a la delincuencia”. Desde tales posicionamientos, las políticas de seguridad, debido a la crisis imperante, tendrían que ser privilegiadamente punitivas (aunque existan discursos institucionales públicos y ciertos rituales en apariencia favorables al respeto de los derechos humanos). Se trata, entonces, de una orientación que muchas veces se ha subsumido bajo la etiqueta de “mano dura”, más allá de los significados y contenidos diversos que puede tener según países y regiones.

La inseguridad no se limita a la confrontación entre policías y ladrones, sino que representa problemas de cohesión social, refleja inadecuadas políticas sociales y, por lo tanto, es una secuela de la falta de atención y crecimiento de los distintos sectores del país. De ahí que se deban vincular estrechamente las políticas sociales con las medidas para contrarrestar la inseguridad, ya que no es un problema unicausal, sino producto de una serie de factores que culminan precisamente en dicha inseguridad (udlap, 2012).

Así, es indispensable el surgimiento de puntos de encuentro o espacios en donde se discutan distintas formas de aproximación del fenómeno, pues el sentido crítico de la academia es una manera más de construir fuentes de conocimiento que proporcionen una pauta de acercamiento a una nueva generación de la sociedad bajo una mirada integral y de cambio.

Con dicho precedente, esta investigación aborda elementos que moldean la seguridad pública a partir de la percepción ciudadana como instrumento fundamental de medición; ésta, a su vez, se apoya en la memoria colectiva como instrumento de retroalimentación, lo cual contribuye a la identidad social de un grupo integrado por individuos que construyen su propia memoria con los hechos y acontecimientos pasados (en el caso de los hechos violentos vividos por el ser humano) y que forman con otros individuos una identidad grupal, evitando lo que contradiga esas acciones de la memoria colectiva; esto da como resultado la selectividad de la memoria. Lo anterior, con el objetivo de construir el perfil de uno de los principales problemas del país y conocer tanto su extensión como su modalidad en la sociedad mexicana de 2015.

El estudio analiza las condiciones de la seguridad pública en temas tales como percepción de problemas, inseguridad y delincuencia; medidas contra la delincuencia; evaluación del desempeño de instituciones de seguridad y justicia; cooperación, legitimidad y confianza; victimización y contactos con fuerzas de seguridad, y seguridad pública y medidas de excepción, para los cuales se ha destinado un capitulado a fin de proporcionar un análisis más profundo y enriquecido.

En el capítulo 1, “Percepción de problemas, inseguridad y delincuencia”, destinado a los tres principales problemas en México, se señalan las percepciones generales de inseguridad y sus expectativas de variación en el tiempo y en los espacios que habitan cotidianamente las personas; se analiza también la percepción sobre la presencia de distintos delitos, el temor a ser víctima de éstos y las probabilidades de su ocurrencia.

En el capítulo 2, “Medidas contra la delincuencia”, se retoman acciones preventivas que la población realiza para no ser víctima de algún delito (por ejemplo, evitar ir a ciertos lugares o transitar por algunas zonas, dejar de efectuar alguna actividad como caminar de noche o dejar sola la casa) y las medidas que ejerce para proteger su hogar.

En el capítulo 3, “Evaluación del desempeño de instituciones de seguridad y justicia”, se retoma la percepción que la población tiene hacia las diferentes instituciones de seguridad y justicia, se califica su desempeño, se establece la confianza que la ciudadanía deposita en éstas y se observa si cada una respeta los derechos humanos.

En el capítulo 4, “Cooperación, legitimidad y confianza”, se investiga el grado de confianza y de cooperación de los ciudadanos con los cuerpos policiacos.

En el capítulo 5, “Victimización y contactos con fuerzas de seguridad”, se plantean preguntas para conocer los delitos de los que han sido víctimas o testigos los encuestados, para tener un panorama general sobre estos hechos y si se han denunciado. También se estudia el contacto que tiene la sociedad con las instituciones de seguridad y el trato que éstas le dan, con el objetivo de conocer las dimensiones de legitimidad y la disposición que posee la ciudadanía a colaborar con las instituciones, ya que se estipula que cada encuentro es importante para la construcción de confianza en la legitimidad con las instituciones policiales.

Finalmente, en el capítulo 6, “Seguridad pública y medidas de excepción”, se indaga sobre la tolerancia o aceptación de la población a medidas que vulneran los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad. También se abordan sucesos como la organización de las personas en grupos de autodefensa y el hecho de que éstas hagan “justicia por su propia mano”; los datos obtenidos permiten identificar el grado de aceptación de ciertas medidas y la tolerancia a distintas formas de justicia comunitaria.

El análisis de los capítulos señalados tiene como fuente principal los resultados obtenidos del levantamiento en vivienda de la encuesta denominada Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, la cual constó de 1 200 cuestionarios sobre el tema de seguridad pública, aplicados a personas de 15 años y más en todo el país. La investigación abarcó los meses de octubre de 2014 a junio de 2015.

Este libro sintetiza así los resultados de la investigación diseñada por especialistas del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij), con el apoyo de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México (unavis) del Instituto de Investigaciones Sociales (iis) de la unam. Asimismo, muestra las opiniones, percepciones, actitudes y valores de la población sobre el tema de la seguridad pública en el país.

Cabe señalar que esta obra es parte de una serie de 26 libros que compila los resultados de diferentes investigaciones, los cuales han sido interpretados por 93 especialistas en los distintos temas que conforman la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales.



* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.
** Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

 

 

1. Seguridad ciudadana fue acuñado en la región latinoamericana para subrayar la distancia entre los nuevos gobiernos democráticos y los gobiernos autoritarios salientes cuya tradicional noción de seguridad quedó asociada a las etiquetas de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, Washington, D. C., cidh/oea, 31 de diciembre de 2009, 125 pp., disponible en http://www.cidh.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf. [Las cursivas son nuestras.]

2. Fernando Carrillo Flores, “Seguridad ciudadana en América Latina: un bien público cada vez más escaso”, en Pensamiento Iberoamericano, núm. cero, Madrid, aeci/Fundación Carolina, 2007; y Maurice Chalom et al., Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la policía, Santiago, Ediciones Sur, 2001. Véase también Ernesto López Portillo Vargas, “Seguridad pública y democracia: hacia la seguridad ciudadana –relativizar el poder frente a la libertad”, en Arturo Alvarado y Sigrid Artz (eds.), El desafío democrático de México: seguridad y Estado de derecho, México, El Colegio de México, 2001.